Por Salvador González Briceño
Solidaridad con el gremio: ¡A la memoria de la periodista Lourdes Maldonado! ¡A la memoria de todos los caídos en el ejercicio de la libertad de expresión!
El asesinato de periodistas en México atenta contra la libertad de expresión, viola el libre ejercicio periodístico y violenta la libertad de información.
Los arteros crímenes contra periodistas en México no tienen parangón en el mundo, siquiera en países en guerra declarada.
Cortar la vida de los profesionales del ejercicio periodístico es dejar un hueco en el camino hacia la construcción de una sociedad más democrática.
Ya son decenas los periodistas asesinados. Todos con el compromiso de la profesión de servir al México que anhela libertad en la frente.
Lo menos, el deseo de aspirar a construir un mejor país, participativo e incluyente, igualitario; democrático también, pero en todos los terrenos y no solo en materia electoral.
En el mundo, México se había distinguido por ser un país pacífico, estable y con gran potencial de desarrollo. Ha sido en las últimas cinco o seis décadas que esa imagen se deterioró.
En lo general resulta, ciertamente, culpa del neoliberalismo.
Es claro que el sistema político que presumía un crecimiento sostenido desde los años 40 del siglo pasado perdió la brújula.
Con la desarticulación del Estado que comenzó en los años 80 devino la destrucción de los controles a todos los niveles: económicos, políticos y sociales. Fue entonces cuando los poderes fácticos entraron en acción.
El sistema político cambió, en retroceso. Fue entonces cuando fenómenos como la corrupción y la impunidad se generalizaron.
Una dupla, corrupción-impunidad, ligada a una política en descomposición, y a un Estado cara vez más alejado de sus responsabilidades históricas, como el ser “fiel de la balanza” en materia económica y política.
Con el liberalismo se entregaron todos los bienes del Estado a manos privadas. Con la globalización se fortalecieron unos cuantos, los beneficiados con la subasta de bienes públicos que hicieron los gobiernos, de Miguel de la Madrid a Peña Nieto.
El saldo: con la destrucción de los bienes nacionales se comprimió todo, y las diferencias sociales aumentaron.
Florecieron los poderes fácticos, así como aquellas actividades ilícitas, propias de la descomposición-desarticulación del sistema político mexicano en crisis.
Fue cuando el poder político perdió credibilidad y con ello legitimidad, al dejar de responder, atender y cumplir sus responsabilidades como clase dirigente de cara a la sociedad.
Los manejos turbios de los recursos públicos terminaros por corroer al sistema. Y la política se edificó entonces como la gran ramera, hidra de las mil cabezas de la corrupción.
Fue el saldo de un mundo en descomposición, local pero también global, con el florecimiento de todo tipo de actividades ilícitas, propias del crimen organizado.
En el calderonato la violencia sentó reales en todo México. La lucha por la supremacía del negocio de las drogas llenó las calles de sangre en todo el país. Esa ha sido la herencia de Felipe Calderón.
Con la declarada “guerra contra las drogas” se generalizó la guerra intestina, sobre todo en los estados en donde florecieron las actividades ilícitas.
La violencia de los cárteles, el desvió de los fondos públicos y la impunidad del sistema de justicia se desbordaron.
De la mano de la colusión política —de todos los niveles de gobierno— con el crimen organizado, aumentaron los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos.
Porque, claro está, que la criminalidad no aumenta en ningún territorio sin la colusión de autoridades. Principalmente en los territorios copados.
El periodismo se volvió por ello una actividad peligrosa. Principalmente el periodismo de denuncia. Se generalizaron los crímenes en el país.
Y no bajan las cifras porque la impunidad está presente. No hay indagatorias suficientes y por tanto no hay culpables. No hay resultados, ni de los organismos de justicia ni de aquellos encargados de la “protección”.
Es decir, en México los periodistas han cumplido con su responsabilidad social e histórica de informar a la sociedad. El Estado no con el gremio. Porque el ejercicio periodístico sigue siendo incómodo de ahí la persecución y el asesinato.
Claro que es argucia distractora culpar solo al crimen organizado del asesinato de los periodistas en México, porque entre los móviles aparecen mayormente autoridades.
Porque los crímenes perpetrados contra los periodistas tienen tintes políticos: entre los autores asoman siempre autoridades de algún nivel de gobierno.
Los móviles son siempre políticos. Y se perpetúan en el tiempo por la impunidad que reina tras la comisión de los delitos. No hay castigo a los responsables.
Es claro que el sistema político, de gobierno y judicial van de la mano. Son de la misma hechura del viejo sistema político priista, autoritario e impune.
Por eso se sigue asesinando periodistas. Porque tampoco hay un compromiso claro de ningún gobierno, incluido el actual del presidente López Obrador.
Las políticas a medias no funcionan. Los problemas crecen. O simplemente no se resuelven. En este sexenio se han asesinado más periodistas que los 50 del salinato.
Quizá ahora se esté avanzando en la lucha contra la corrupción, pero contra la impunidad no hay un paso.
De ahí el llamado a los responsables del Estado. Y al poder legislativo para renovar las leyes y las llamadas instancias protectoras de la vida de los periodistas y de los derechos humanos.
Porque mientras la impunidad siga latente la criminalidad también.
¡Alto al asesinato de periodistas! ¡Castigo a los responsables YA!
26 de enero 2022.
Director